El año 2017 es el de la transición desde el modelo de gestión privada (por concesión a la empresa Mina de Aguas de Terrassa, del grupo multinacional Agbar- Suez) hacia la recuperación del gobierno del servicio. Mina tiene prorrogada actualmente la prestación del servicio, una vez finalizada la concesión el pasado diciembre de 2016, mientras el Ayuntamiento avanza en la definición del nuevo modelo y prepara la estructura del futuro servicio.

El agua, bien común, derecho humano.
El agua es un bien común indispensable para la vida, y el acceso a un agua de calidad es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas. El servicio del agua es un mercado que funciona como un monopolio natural, ya que el usuario no puede elegir entre una oferta variada y competitiva de precios y calidades. También es un mercado cautivo, ya que el usuario no puede decidir no comprar. El agua es un derecho, no un producto de mercado. Es por ello que el servicio de agua es público, y la mejor forma de garantizar este derecho y un precio justo es que la gestión del servicio también sea pública.

¿Qué costes puede tener el proceso?

La empresa privada Mina ha presentado varias reclamaciones judiciales y, por tanto, la cuestión está en manos de la justicia. Mina reclama más de 60 millones de euros como compensación de unos hipotéticos beneficios futuros y de unos bienes que dice que son de su propiedad (ya que considera que el suministro de agua en Terrassa es su negocio privado). El Ayuntamiento tiene la plena convicción de que estos derechos son inexistentes, y Mina los deberá acreditar en los tribunales. Para renunciar a esta indemnización, Mina pretende continuar prestando el servicio hasta el 2060, a través de una concesión o de una empresa mixta de la que ella tendría la mayoría. Esta fórmula no es viable, dado que incumple la ley y los principios de concurrencia pública, información y transparencia.

¿Por qué defendemos la soberanía municipal?

La soberanía y autonomía municipal es la garantía de protección de los intereses generales de la ciudad, sin sujeción a ningún poder económico ni a intereses privados. El Pleno municipal es el único lugar donde se deben tomar las decisiones sobre el agua, democráticamente, de acuerdo con las leyes y con total transparencia.

¿Por qué la gestión pública municipal tiene mayoría en el Pleno?

El Pleno municipal apoya mayoritariamente la gestión pública del agua: 20 concejales sobre 27 están a favor de la remunicipalización, y han aprobado resoluciones en este sentido. La gestión municipal directa es garantía de un servicio público eficaz, de transparencia, de participación de la ciudadanía, de tarifes ajustadas y de la aplicación de criterios sociales contra la pobreza energética. La gestión privada conlleva a la práctica perder el control directo sobre el servicio. Las grandes corporaciones pretenden dominar el mercado (agua, electricidad, gas, combustibles, finanzas ...), conseguir regulaciones a su medida e imponer sus condiciones y precios a los poderes públicos.

¿Qué pasa en otras ciudades?

En muchos países está tomando fuerza una nueva cultura del agua, que implica la municipalización de los servicios. Es un fenómeno creciente, del que tenemos ejemplos ya en ciudades como París, Berlín, Buenos Aires, la cuenca del Huesna (Sevilla), Valladolid, Nápoles ... En ciudades como Badalona o Barcelona hay en marcha procesos similares. Terrassa es actualmente una de las grandes ciudades que apuestan por la municipalización y una referencia en Cataluña, en el conjunto de el Estado y en Europa. Esto explica, en parte, la oposición frontal de la empresa Mina de Aguas y del grupo multinacional Agbar-Suez, que ve peligrar un negocio muy lucrativo en el mundo.

¿Què hará el Ayuntamiento a partir de ahora?

El Ayuntamiento defenderá los intereses de la ciudad de Terrassa ante la justicia, finalizará los estudios económicos y jurídicos que están en curso, y tomará una decisión definitiva en el Pleno municipal. Por otra parte procederá a preparar la estructura necesaria para asumir el gobierno del agua, garantizando los derechos de los trabajadores directamente adscritos al servicio municipal y planificando las inversiones y actuaciones de los próximos años.

¿Cuáles son los compromisos del Ayuntamiento?

El Ayuntamiento tiene cinco grandes compromisos:

  1. Mejorar la calidad del agua, las instalaciones y la red.
  2. Estabilizar la tendencia de incremento de precios y aplicar políticas sociales contra la pobreza energética y ambientales contra los consumos excesivos.
  3. Dar un servicio eficaz y de calidad.
  4. Ofrecer información transparente sobre el servicio y especialmente sobre costes e ingresos.
  5. Crear mecanismos de participación ciudadana en la planificación de las inversiones, en la gestión y en suseguimiento.

¿Cómo se informará de todo el proceso a la ciudadanía?

El Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña informativa, acordada en el Pleno municipal, para que todos los ciudadanos tengan la máxima información sobre el proceso en los próximos meses. La transparencia, el rigor y la clarida serán las bases de esta campaña divulgativa.

¿Cuándo finalizará este proceso?

El proceso que actualmente está en marcha terminará a finales del 2017. El año 2018 será el primero de una nueva etapa.