El alcalde de Terrassa, Pere Navarro, y los portavoces de los cinco grupos municipales presentes en el Consistorio el mandato 2007-2011 firmaron el 21 de julio de 2009 el Pacto de Terrassa para la cohesión ante la crisis tras cinco meses de negociaciones. Los portavoces eran:
  • Jordi Labòria por el Partido de los Socialistas de Cataluña
  • Josep Rull por Convergència i Unió
  • Manel Pérez por Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
  • Francisco Javier Ballbé por el Partido Popular
  • Isaac Albert por Esquerra Republicana de Catalunya

De esta manera, se consensuó el destino de los 4 millones de euros ahorrados de ejercicios anteriores a cuarenta y dos medidas en programas de empleo, apoyo empresarial y servicios sociales, para ayudar a paliar los efectos de la crisis económica. La partida más importante de esta cantidad, unos 2,8 millones de euros, se destinaba a la creación de empleo mediante la organización de cursos ocupacionales y la incentivación de la actividad económica. El objetivo: crear unos 300 puestos de trabajo temporales gracias a estas medidas.

Servicios Sociales recibió una partida adicional de casi un millón de euros, de los cuales unos 300.000 se destinarían a crear empleo vinculado a la atención domiciliaria, mientras que la parte más significativa, unos 600.000 euros, serviría para aumentar el fondo de ayudas de emergencia a las familias, como becas de comedor y ayudas puntales para pagar impuestos y tasas locales.

El acuerdo también incluía congelar los impuestos durante los ejercicios de 2010 y 2011 y no incrementar las tasas y tarifas de servicios, como el agua o el transporte público, por encima del Índice de Precios al Consumo del año en curso. Del mismo modo, se contemplaba la aplicación de la "licencia exprés" para simplificar el proceso de tramitación de licencias, de manera que la mayoría de empresas y comercios pudieran iniciar su actividad mediante una simple comunicación al Ayuntamiento.

También se preveía la puesta en marcha de una ventanilla única con el objetivo de simplificar las tramitaciones de las empresas y el Consistorio adoptaba el compromiso de pagar a los proveedores en un plazo máximo de 60 días. Por último, el Pacto también establecía un conjunto de acciones orientadas a ahorrar en el gasto municipal.

Ante la prolongación de la situación de crisis, en junio de 2010 el Consistorio aprobó una ampliación del presupuesto de más de 3,3 millones de euros para desarrollar nuevas acciones.