El Ayuntamiento de Terrassa abre 180 expedientes nuevos a entidades bancarias por viviendas vacías

Se han iniciado también los trámites para poner en marcha las expropiaciones de aquellas viviendas de grandes tenedores que no se avienen a la negociación

El Gobierno municipal continúa con la emisión de expedientes en relación a las viviendas vacíos en la ciudad, principalmente propiedad de entidades financieras de Terrassa. En concreto, este 2017, se han presentado 200 nuevos expedientes, que finalmente han quedado en 180 una vez revisado el estado de cada una de las viviendas. Desde los servicios municipales se sigue trabajando para incrementar esta cifra, del mismo modo desde que a finales del 2013 se puso en marcha este nuevo frente en favor del derecho a la vivienda con la apertura de expedientes a las entidades bancarias que tenían pisos vacíos injustificadamente, durante más de dos años, no cumpliendo su función social, como declara la ley 18/2007. Terrassa fue el primer municipio del Estado en tomar esta medida, que responde a una de las prioridades del Plan de Mandato del Gobierno Municipal, centrado  garantizar la calidad de vida, la justicia social y el bienestar de las personas, liderando la lucha por la efectiva función social de la vivienda y contra la pobreza energética.

Hasta principios de este mes de junio, de los contenciosos abiertos con grandes tenedores de pisos vacíos en Terrassa, la justicia ha emitido 53 sentencias favorables a los intereses del Ayuntamiento, 13 desfavorables y 3 con estimación parcial. En cifras, de estas multas interpuestas, por valor de 547.000 euros, se ha cobrado cerca de la mitad, 217.000€, y suspensas 250.000€. El resto, por un importe de 80.000€, han sido anuladas. Las suspensiones han sido acordadas por la necesidad de resolver recursos administrativos y judiciales pendientes, o por situaciones concretas donde antes de la imposición de la multa, ya se había ocupado la vivienda. Así, entre los años 2014 y 2016, se han podido recuperar 56 pisos, devolviendo su función social.

Estos pisos han pasado, así, a incrementar el Fondo de alquiler social de emergencia que el Ayuntamiento dispone, destinado a ofrecer alternativas a personas en situación de vulnerabilidad residencial. Desde este fondo, en 2016 se asignaron 171 viviendas en régimen de alquiler social, procedentes del parque público de viviendas de la Sociedad Municipal de Vivienda de Terrassa (27); del parque público de la Generalitat (31); así como cesiones de entidades financieras (56). A estos se suman las viviendas de alojamiento temporal (57), gestionados por Servicios Sociales y Prohabitatge. El parque privado de viviendas cedidas por entidades financieras, en parte fruto de los convenios de colaboración establecidos con el Ayuntamiento, ha ido creciendo progresivamente, con 17 pisos el 2013; 50 el 2014; 46 el 2015 y 56 el 2016.

Medidas para el aumento del parque social de vivienda

En este sentido también, tal como indica la disposición adicional tercera del artículo 15 de la Ley 4/2016 de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que faculta a las administraciones públicas catalanas a subscribir convenios de colaboración para fomentar medidas de aumento del parque social de viviendas asequibles de alquiler, incluyendo la posibilidad de la expropiación temporal, los servicios municipales continúan trabajando para evitar que personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial se queden sin vivienda.

Ante este nuevo marco legislativo, el servicio de Políticas Sociales de Vivienda, desde su entrada en vigor, pidió analizar el registro de la Agencia de Vivienda de Catalunya, con el objetivo de conseguir un aumento de 600 viviendas destinadas a alquiler social en la ciudad, en un plazo de 3 años, a razón de 200 pisos por ejercicio. Así, ya se han iniciado los procedimientos para poder disponer de más viviendas, tanto a través de convenios con grandes propietarios para conseguir cesiones por un periodo de entre 6 y 10 años; cómo con el recurso de las expropiaciones temporales.

Hasta ahora, se han realizado varias reuniones con algunos de estos operadores para formalizar convenios de cesión, con un regreso positivo y de disposición para colaborar. El objetivo pasa para reducir la lista de demandas urgentes de alquiler social en Terrassa, identificada en los expedientes de familias vulnerables de los servicios sociales municipales, cifrada en la necesidad de disponer de 881 viviendas.

La voluntad municipal se centra al priorizar la formalización de convenios, por ante las expropiaciones, para conseguir viviendas con el mínimo coste posible, la mayor rapidez posible y de disposición inmediata. A pesar de esto, desde el pasado mes de abril, ya se tramitó la adhesión del Ayuntamiento de Terrassa al acuerdo de cofinanciación de las expropiaciones cerrado entre la Agencia de Vivienda de Catalunya (AHC) y las entidades municipalistas (FMC y ACM), donde se preveía la inclusión en los presupuestos de la Generalitat de Catalunya una partida de 500.000 euros para los costes del 50% de las expropiaciones temporal de uso de 200 viviendas. El servicio municipal de Políticas Sociales de Vivienda ya ha puesto en marcha los procesos de expropiación de 22 viviendas identificadas en el registro del AHC, propiedad de entidades financieras o grandes tenedores.

Con estos pisos, la Mesa de Emergencias de la ciudad podrá continuar haciendo frente a las demandas recibidas de personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial. Este órgano entregó en 2016 un total de 171 viviendas. Para el 2017 se prevé que puedan ser 180 más.

Ningún caso sin alternativa habitacional en intermediación hipotecaria

Todas estas medidas, vienen a completar el trabajo del servicio de Políticas Sociales de Vivienda, que trabaja a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Alquiler (OFIMEH-L), para facilitar servicios de mediación en situaciones de riesgo y vulnerabilidad residencial y de urgencia, garantizar las aplicaciones del marco normativo, y trabajando para movilizar el parque de viviendas vacíos de la ciudad. El OFIMEH-L, el 2016 ha conseguir reducir a cero los casos trabajados y cerrados en intermediación hipotecaria sin alternativa de vivienda. De los 227 expedientes cerrados, en 85 se pudo solucionar sin pérdida de vivienda y en 142 con pérdida de este, pero con una alternativa. Así, de los 52 desahucios que se tuvo conocimiento, se pudieron parar todos. Por esta tarea, además, el Ayuntamiento también ha firmado un convenio con el Colegio de Procuradores de Terrassa, para conocer los casos de ejecuciones hipotecarias que se puedan realizar en la ciudad.

En cuanto a los desahucios derivados del alquiler, durante el 2016 se han detectado un total de 223, de los cuales el Ayuntamiento ha parado o aplazado 164, la mayoría procedentes de pequeños tenedores (107), seguidos de las propiedades de empresas (57) y de las entidades financieras (59). En estos casos, se ha conseguido mantener el 13% de las unidades familiares a la misma vivienda gracias a ayudas sociales, mientras que para el 87% restante se los ha buscado una alternativa residencial.