El Ayuntamiento impulsa una comisión de seguimiento para el cumplimiento del Decreto Ley de medidas urgentes de acceso a la vivienda

El Colegio de Abogados de Terrassa, el Colegio de Procuradores de Terrassa y el Ayuntamiento de Terrassa quieren velar con un nuevo protocolo sobre la obligación de ofrecer un alquiler social a las personas en situación de vulnerabilidad

Reunió col·legis d'advocats i de procuradors de Terrassa amb l'Ajuntament

En una reunión celebrada esta mañana en el Ayuntamiento, donde han asistido los tenientes de alcalde de Territorio y Sostenibilidad, Lluïsa Melgares; de Derechos Sociales, Noel Duque; y representantes del Colegio de Abogados de Terrassa y del Colegio de Procuradores de Terrassa, se ha acordado la creación de una comisión de seguimiento para el cumplimiento del Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, desarrollado como herramienta estratégica para regular el mercado de la vivienda y hacerlo más accesible económicamente, mejorando la oferta y adaptándola a las necesidades de las personas. Entre las decisiones tomadas, destaca la de crear un nuevo protocolo que vele las actuaciones previstas ante lanzamientos y desahucios en la ciudad, instando a los grandes tenedores a la obligación que se ofrezca un alquiler social en los casos que se cumpla con los requisitos correspondientes.

Para la teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad y concejala de Vivienda Social, Lluïsa Melgares, «esta comisión es el fruto de la responsabilidad que tenemos las instituciones y los diferentes agentes implicados de la ciudad para poner remedio a la situación de muchas familias en situación de vulnerabilidad de Terrassa, así como para poner orden al sistema habitacional de la ciudad». Además, Melgares ha querido agradecer «el compromiso y predisposición de los colegios profesionales de la ciudad ante esta situación, compartiendo la responsabilidad y preocupación hacia la ciudadanía de Terrassa».

Entre las primeras actuaciones previstas por esta comisión se ha acordado instar a los grandes tenedores a que apliquen la ley y prevean las ofertas de alquiler social antes de iniciar los procedimientos de desahucio, con la advertencia de ser sancionados en caso de no cumplir con la ley; elevar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que elabore una instrucción que marque las directrices a seguir en los procedimientos para detener los lanzamientos y los desahucios y que lo haga llegar a la comisión mixta correspondiente. Este acuerdo, debería incluir el criterio general a seguir en la aplicación del Decreto Ley. Además, desde Servicios Sociales se prevé crear una unidad especializada para tramitar y apoyar aquella ciudadanía que lo necesite para tramitar la aplicación del decreto.

Todos los presentes en la reunión celebrada esta mañana en el Ayuntamiento, han acordado volver a reunirse el próximo mes de febrero para comenzar la elaboración del protocolo, así como para estudiar la situación ocupacional de las viviendas de Terrassa y distinguir las diferentes situaciones que afecten a la ciudadanía y las diferentes comunidades vecinales de la ciudad.