Las principales ciudades metropolitanas reclaman más presupuesto y que se convoque el Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda

Los ayuntamientos denuncian el anuncio del gobierno del PP de impugnar la nueva ley de emergencia habitacional, 4/2016

Los municipios piden que el presupuesto del Estado se acerque al de los países del entorno y que regule en contra de los alquileres abusivos o bien ceda las competencias y los recursos a las grandes ciudades afectadas

Los ayuntamientos quieren participar en la construcción de las políticas de vivienda y por eso piden al gobierno que convoque el Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda de la mano de los ayuntamientos y en coordinación con el área Metropolitana de Barcelona y las principales entidades municipalistas

Un moment de la reunió

Las alcaldías metropolitanas consideran el anuncio del gobierno del PP de impugnar la nueva ley de emergencia habitacional, la Ley 4/2016, como un nuevo posicionamiento del gobierno español a favor de los bancos y un ataque al derecho a la vivienda. Este enfrentamiento en realidad empezó con la Ley 4/2015, una ley impulsada a través de un amplio proceso de movilización ciudadana que recogió miles de firmas para coresponsabilitzar a los grandes propietarios de viviendas vacías en la lucha contra la emergencia habitacional.

La desprotección legal que sufren los ayuntamientos coincide con una importante bajada presupuestaria por parte del Estado. El gobierno español destina actualmente un 0,058% del PIB español  a vivienda, frente el 1,8% de Francia, es decir, veinte veces menos. Así, la principal herramienta de financiación de las políticas de vivienda en Cataluña, el Plan Estatal de Vivienda, se ha reducido en más del 70% durante los últimos años, ha pasado de 1.155M€ en 2017 a 466M€ en 2017.

Los ayuntamientos de los municipios metropolitanos y del Vallès reclaman herramientas legales y más presupuesto del Estado para la gestión municipal de las políticas de vivienda en el marco de un nuevo Plan Estatal de la Vivienda. Los ayuntamientos de Barcelona, L'Hospitalet del Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa y Sabadell coinciden en su preocupación por el aumento de los precios del alquiler. También exigen al Estado que o bien impulse una nueva regulación de alquileres urbanos que entre otros aspectos alargue hasta cinco años los contratos y acabe con los alquileres abusivos, o bien transfiera las competencias a la Generalitat para que esta  pueda trabajar con las grandes ciudades afectadas índices de precios de alquiler que acaben con el incremento indiscriminado de los alquileres, tal y como se ha hecho en Francia y Alemania.

 

Participación municipal en las políticas de vivienda: el Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda

Sin perjuicio de la importancia del papel de las entidades municipalistas (FMC y AMC), así como de las Diputaciones y de la AMB,  ante la carencia de herramientas legales y presupuestarias los seis municipios metropolitanos más poblados de Cataluña (Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa y Sabadell) hacen frente común para reclamar a la Generalitat de Cataluña que convoque el Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda. La idea es que esta convocatoria ponga las bases de una nueva política pública de vivienda basada en una visión y gestión que tenga en cuenta las necesidades municipales. 

El Pacto Nacional tiene que servir para impulsar nuevas herramientas para afrontar las diferentes problemáticas relacionadas con la vivienda que se producen en estas ciudades: situaciones de emergencia que traen a procesos de desahucio, la pérdida de residentes, las ocupaciones o el incremento de precios y el estallido de una nueva burbuja inmobiliaria entre otras. 

Entre las cuestiones urgentes a abordar en el marco del Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda los representantes municipales han mencionado los siguientes puntos:


A.    Afrontar políticas estructurales de vivienda con el aumento del parque público de alquiler

    a.    Dotar de más inversión las políticas dirigidas a dotarse de un parque público en régimen de alquiler.

    b.    Ampliar al máximo el periodo de protección de los pisos de protección oficial

    c.    Movilizar el parque vacío para disponer de más viviendas donde poder realojar familias si se ven afectadas por procesos de desahucio y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los municipios reclaman a la Generalitat de Cataluña que ejercite el derecho de tanteo y compre viviendas a precios inferiores al mercado, y que transfiera pisos a los ayuntamientos.


B.    Dar respuesta ágil a la emergencia y los procesos de desahucio:

    a)    Actuar de manera preventiva aumentando las ayudas al pago de los alquileres, que estas ayudas se paguen de manera inmediata, incluyan las familias sin ingresos y que las convocatorias estén abiertas durante todo el año. 

    b)    Firmar un nuevo protocolo de colaboración con el poder judicial que según el que establece la Ley 4/2016 fomente el traspaso de información de los desahucios que afectan a personas vulnerables desde el inicio del procedimiento judicial para que los ayuntamientos puedan mediar con los propietarios y que evite los desahucios con fecha abierta.


C.    El abordaje de la problemática de las ocupaciones: 

    a)    Establecer una regulación catalana que defina el marco de actuación en las ocupaciones de viviendas vacías. Esta regulación tiene que crear un marco común que dé respuesta y tenga en cuenta el reparto desequilibrado de la pobreza entre ciudades, puesto que mientras en algunos municipios se produce un efecto de aumento de precios y gentrificación, en otros se concentra la pobreza.

    b)    Incrementar los recursos económicos de las administraciones para poder hacer frente a la situación. 

    c)    Reclamar la actuación proactiva de la policía para eliminar la actividad de las mafias que se lucren facilitando la entrada a pisos vacíos.


La teniente de alcalde de Derechos Sociales y Servicios a las Personas y concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, quien ha participado esta mañana en la reunión, ha destacado que los municipios reunidos "pedimos que no se impugnen leyes que van a favor de las personas. Nosotros preferimos proteger las personas y las familias antes de que los intereses financieros, corporativos o inmobiliarios". Para Melgares, "hoy aquí estamos seis ayuntamientos que hacemos políticas municipales, al servicio de nuestros municipios, de los ciudadanos y ciudadanas. Es nuestra voluntad trabajar para que los gobiernos traten las políticas sociales de vivienda como cuestiones de gran importancia para nuestra ciudadanía y sus familias", ha añadido.