Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, la Coruña, Cádiz, Santiago, Valladolid y Terrassa celebran la rectificación parcial del Govierno en su recorte de la autonomía de los ayuntamientos

Los ayuntamientos instaron a derogar la disposición adicional 27 de los PGE que impedía la municipalización de servicios en un acto de denuncia que protagonizaron en el Congreso de los Diputados

Finalmente, el texto de la disposición ha sido modificado en el Senado de manera que se reducen algunos obstáculos

No obstante, los cambios no son suficientes dado que el texto finalmente aprovado se presta a diversas interpretaciones y se podría cuestionar su constitucionalidad

Las ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, la Coruña, Cádiz, Santiago de Compostela, Valladolid y Terrassa celebran que la presión municipalista haya parado, en parte, la intención del Gobierno del PP de atacar la autonomía local, prohibiendo de facto las remunicipalitzacions mediante una disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, estos municipios, que asistieron en el Congreso de los Diputados para protestar contra esta maniobra, han advertido que los cambios logrados no son suficientes.

En su redacción original, la disposición que motivó la protesta municipal, la 27 de los Presupuestos Generales del Estado, pretendía limitar la incorporación de personal al sector público y suponía un ataque directo a los procesos de recuperación de los servicios públicos por parte de los municipios. En el último momento del trámite parlamentario se aprobó una enmienda transaccional al texto.

La modificación, aprobada en el Senado, ofrece un leve respiro a la autonomía municipal al reducir algunos obstáculos a las remunicipalitzacions que contendía el texto original. Después de la aprobación de la enmienda, los ayuntamientos podrán incorporar personal mediante procesos de reinternalització de forma que no compute a efectos de la tasa de reposición, cosa que no contemplaba la redacción inicial.


Reivindicación de los ayuntamientos

Desde los ayuntamientos, donde se aprobaron mociones en contra de esta disposición y se organizaron reuniones al Congreso de los Diputados, se aplaude este cambio, y se celebra que la presión municipalista haya tenido efectos. A la vez, pero, se reclama más respecto a sus competencias y claridad en la redacción de medidas que los afectan.


Redacción confusa y contradictoria

La redacción resultante de la disposición es compleja y confusa, dando pie a varias interpretaciones posibles. Esto puede responder al hecho que la regulación que aborda la disposición coloca en contradicción normativas como la Ley de Bases de Régimen Local, el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público o la Ley de Contratos del Sector Público (actualmente en trámite de aprobación parlamentaria). De hecho, podría considerarse anticonstitucional en la medida que el contenido que aborda esta disposición podría extralimitarse de la Ley de Presupuestos.

Dependiendo de qué interpretación se realice, las remunicipalitzacions podrían ser posibles o no, en función de si la corporación local en cuestión tuviera sociedades mercantiles donde integrar el personal del servicio público reinternalizado, o podrían impedir incorporar a los trabajadores como empleado público, de acuerdo con los derechos y obligaciones que establece la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por lo cual la incorporación tendría que ser en una condición laboral diferente.

En cualquier caso, cualquiera de las interpretaciones que se haga dibuja una situación más favorable para los procesos de remunicipalització que la que se derivaba de la redacción inicial.