Terrassa y Valladolid suman fuerzas en defensa de la autonomía municipal y su derecho a municipalizar servicios públicos

Los alcaldes de los dos municipios han hecho un encuentro al Ayuntamiento vallisoletano durante la que se ha hecho pública la "Declaración de Valladolid", obierta a la incorporación de otros municipios

El manifiesto reclama la retirada de las disposiciones dels PGE 2017 que "perjudican el interés general, limitan la autonomía municipal y se someten a los intereses de los grandes grupos económicos que controlan el agua en el Estado espanyol y el mundo"

Los alcaldes de Terrassa, Jordi Ballart, y de Valladolid, Óscar Puente, han hecho pública hoy la denominada "Declaración de Valladolid", un texto conjunto, subscrito por ambos municipios, pero abierto a la incorporación otras localidades, en el que constatan su firme defensa de la autonomía municipal y el derecho de las ciudades a recuperar la gestión de los servicios públicos básicos para la ciudadanía.

La Declaración hace hincapié en la municipalització del agua, proceso en el que las dos ciudades se encuentran inmersas, en ritmos y plazos diferentes y partiendo de situaciones anteriores que presentan similitudes y diferencias pero, finalmente, con el mismo objetivo.

La Declaración reclama abiertamente la retirada de las disposiciones existentes en los proyectos de Ley de Contratos del Sector Público y de los Presupuestos del Estado para el 2017 que "perjudican el interés general, limitan la autonomía municipal y se someten a los intereses de los grandes grupos económicos que controlan el agua al Estado español y en el mundo".

El texto recuerda que en España, y en el resto de Europa, "se están impulsando con éxito numerosos procesos de municipalització del servicio público del agua, entre los que destacan los de ciudades como París, Montpellier, Grenoble, Burdeos, Berlín, Stuttgart, Génova o Budapest, entre otras muchas".

Las ciudades de Valladolid y Terrassa, al margen de las divergencias entre ambos procesos, tienen en común la reivindicación, por parte de los dos ayuntamientos, de la soberanía y autonomía municipales para decidir la forma de gestión más eficaz y apropiada de los servicios municipales, dentro de las diferentes posibilidades que ofrecen las leyes.

Además, los dos alcaldes consideran esencial la gestión pública directa del servicio del agua, para ofrecer el mejor servicio al mejor coste, evitar su control por parte de grandes grupos e intereses económicos nacionales o internacionales, fortalecer su sostenibilidad, mantener unas tarifas razonablemente bajas y con medidas sociales para personas y familias en situaciones desfavorables o críticas, garantizar los puestos de trabajo asociados directamente a este servicio y destinar los posibles "beneficios" a la mejora del propio servicio público.

Valladolid y Terrassa tienen en común, además, su apuesta para garantizar las inversiones necesarias y la mejora de las infraestructuras en un servicio público básico, a corto, medio y largo plazo, y asegurar el "gobierno municipal" sobre el agua, con total transparencia y compromiso de servicio a la comunidad, alejándolo de prácticas corporativas abusivas, la finalidad oculta de la cual es dominar el suministro de agua y ponerlo al servicio de intereses económicos que nada tienen que ver con los del municipio.

Ballart y Puente recuerdan en su Declaración que "en estos momentos, se están tramitando en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público y los Presupuestos Generales del Estado para el 2017, que contienen algunas disposiciones, con el objetivo, no declarado pero evidente, de dificultar o impedir procesos de municipalització como los que se están impulsando en Valladolid y Terrassa o a tantos otros municipios del Estado, muchos de ellos miembros de asociaciones como la Red Agua Pública o la Asociación de Municipios para la Gestión Pública del Agua". 

La combinación de ambas normas, la futura ley de contratos y los presupuestos estatales, entienden que "constituye una maniobra bastamente camuflada para poner los servicios públicos, especialmente en grandes municipios, en manos de empresas privadas y garantizar negocios muy lucrativos a espaldas de los ciudadanos y las ciudadanas".

En esencia, señalan que "el gobierno del PP pretende, a través de las nuevas normas en tramitación, imposibilitar que los ayuntamientos puedan absorber los trabajadores de las empresas privadas concesionarias del servicio de suministro de agua".

De este modo, sin oponerse frontalmente a los procesos de municipalització y bajo vagas argumentaciones sobre la eficacia y estabilidad de las administraciones públicas, quiere bloquearlos y convertirlos en inviables a la práctica.

Esto significa, según consideran los dos municipios, que "la gestión privada deja de ser una opción para los ayuntamientos y acontece una obligación amparada miedo la ley, que busca impedir la autonomía municipal y proteger unos intereses particulares, en contra del superior interés general y inclús en contra del que determina la Constitución Española".

Así, insisten, "el Gobierno del PP pretende convertir en excepcional algo que tendría que ser lo más normal del mundo: que una administración pueda decidir gestionar directamente un servicio", de forma que "aquello deseable para este Gobierno es que los servicios públicos sean gestionados por empresas privadas, que escapan al control de las instituciones, que se encarezcan misteriosa e inexplicablemente y que generen cuantiosos beneficios privados".

Los alcaldes de Terrassa y Valladolid subscriben el manifiesto, abierto a otros municipios que se quieran sumar, para corroborar que "la autonomía municipal es el mejor mecanismo para servir a los intereses generales de cada municipio, dentro del marco de las leyes, que tienen que proteger y no obstaculizar la autonomía municipal", defender "el derecho de los ayuntamientos a decidir la forma de gestión de cada servicio que mejor se adapte a sus circunstancias o necesidades, garantizando su eficacia, controlando escrupulosamente y con la máxima transparencia sus costes y definiendo unas tarifas razonables y accesibles para todos los ciudadanos y ciudadanas", e insistir en que "el agua no es un negocio, sino un derecho humano y un bien que pertenece a la comunidad y que tiene que estar a su servicio".

Finalmente, la Declaración pide que el Gobierno retire las disposiciones de los proyectos de Ley de Contratos del Sector Público y de Presupuestos del Estado para el 2017 que "perjudican el interés general, limitan la autonomía municipal y se someten a los intereses de los grandes grupos económicos que controlan el agua al Estado español y al resto del mundo".

Podeis descargar la Declaració de Valladolid y Terrassa aquí