Un pleno extraordinario votará la aprobación definitiva de los bienes del servicio público de abastecimiento agua que deben revertir al Ayuntamiento de Terrassa

El Ayuntamiento valora acciones judiciales ante la negativa de la concesionaria a permitir el acceso de técnicos municipales en sus instalaciones, dificultando las tareas necesarias ante el inminente fin de la concesión

Saló de plens

El proceso de liquidación de la concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua otorgada a Mina Pública de Aguas de Terrassa SA hace 75 años, sigue adelante y el Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria que se celebrará el día 1 de diciembre, votará la aprobación definitiva del acuerdo del Pleno de octubre, relativo a los bienes que deben revertir al Ayuntamiento con la finalización del contrato de concesión que termina el 9 de diciembre. Asimismo, en esta sesión extraordinaria se votará la desestimación del recurso de reposición administrativo interpuesto por Mina contra la prórroga forzosa de la prestación del servicio hasta el verano de 2017. Aparte de los recursos de la empresa concesionaria a decisiones del Pleno el Ayuntamiento, los servicios municipales se han encontrado con otros impedimentos que han dificultado su labor en este proceso, como la negativa a facilitar la información técnica y el acceso a inspeccionar instalaciones del servicio de abastecimiento de agua. Estos hechos, de los que se ha levantado el acta correspondiente, se suman a la reiterada negativa a facilitar también otras informaciones necesarias para garantizar la prestación del servicio, como la información detallada de la plantilla y de los usuarios del servicio.

Pese a estos obstáculos, el Ayuntamiento continuará con los procedimientos que ha iniciado, y obtendrá la información necesaria sobre las instalaciones y sobre el servicio, con el objetivo de asegurar su correcta prestación. Los servicios jurídicos están estudiando las diferentes vías de que el Ayuntamiento dispone, incluida la vía judicial. Mientras tanto, en el ejercicio de sus derechos y deberes como titular del servicio, el Ayuntamiento también sigue adelante con la elaboración de los informes técnicos que deben permitir que en primavera el Consistorio tome la decisión sobre qué modelo de gestión quiere para la prestación del servicio público en la ciudad. Un informe que se complementará con los resultados del Debate público del Agua que se ha impulsado desde el Ayuntamiento, con cooperación de diversas entidades promotoras de este debate público.

Últimamente Mina ha intensificado su campaña en la que acusa al Ayuntamiento de no querer dialogar, y afirma que el servicio del agua no es titularidad del Ayuntamiento, sino que es, en una parte importante, un negocio privado propiedad de Mina valorado en más de 60 millones de euros. Mina pretende que el Ayuntamiento, antes de decidir cuál debe ser el modelo futuro de gestión, debe expropiar este negocio privado, y ofrece como alternativa al pago de esta indemnización, negociar la adjudicación de una nueva concesión por servicio del agua mediante la creación de una empresa mixta y eludir la celebración de un concurso público.

Ante esta campaña, el Ayuntamiento ha de reiterar una vez más que, realizados los correspondientes informes jurídicos internos y externos sobre la situación que se plantea y el contrato de concesión del año 1941, ha llegado a la conclusión de que no existe ningún negocio privado, y que la titularidad del servicio corresponde al Ayuntamiento en su conjunto. Por lo tanto, que no corresponde hacer ninguna expropiación ni pagar ninguna indemnización, y que se puede proceder, tal y como se está haciendo, a estudiar y definir cuál debe ser el modelo futuro de gestión.

No se trata pues de si el Ayuntamiento quiere o no quiere dialogar. El Ayuntamiento no está de acuerdo con el planteamiento de Mina, y existe una profunda discrepancia de fondo sobre el contrato de concesión que finaliza y sobre la titularidad del servicio. Ante este hecho, el Ayuntamiento no puede hacer otra cosa que actuar de acuerdo con lo que considera mejor para defender el interés general. Y Mina tiene el derecho, que afirma que ejercerá, de plantear la resolución de esta discrepancia en los tribunales, presentando el correspondiente recurso contencioso administrativo. En su caso, habrá que atender la resolución judicial. Tal y como ha afirmado el propio alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en varias ocasiones, "aunque es lícito que la actual concesionaria defienda sus intereses, el Ayuntamiento debe velar por los intereses de la ciudad".