El Ayuntamiento gana otra sentencia contra una entidad financiera por las multas de las viviendas vacías

Un total de 7 de las 10 sentencias notificadas son favorables al Ayuntamiento, dos de estimación parcial y una desfavorable

Vista general de la ciutatEl Juzgado Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona ha notificado una nueva sentencia por la imposición de multas coercitivas a entidades bancarias con viviendas vacías durante más de dos años. La sentencia es favorable al Ayuntamiento y desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Criteria CaixaHolding SA ante el expediente sancionador que el consistorio le interpuso el 23 de enero de 2015 para forzar que ocupara una de las viviendas vacías de su propiedad a la ciudad. Se trata de la séptima sentencia favorable al Ayuntamiento desde que el pasado mes de julio el Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Barcelona notificara la primera sentencia que daba la razón al consistorio de forma inequívoca en un ámbito que no tenía precedentes hasta entonces. De las diez sentencias en total notificadas hasta ahora, pues, 7 son favorables al Ayuntamiento, dos de estimación parcial, y sólo una es desfavorable.

La nueva resolución respalda el procedimiento seguido por la administración local para fundamentar su actuación y, además, impone el coste del recurso a la entidad bancaria. Esta resolución judicial expone que la incoación del expediente por parte del Ayuntamiento se ajusta a derecho al haberse comprobado por la administración que la vivienda se encontraba en situación anómala, habiendo sido desocupada durante más de dos años, constando así que la entidad financiera propietaria de la vivienda había desatendido los requerimientos anteriormente realizados para la ocupación de la vivienda y los ofrecimientos hechos por el Ayuntamiento de cederla a su favor para gestionarla en régimen de alquiler social, amparándose en la aplicación de la Ley de la Vivienda de Cataluña.

Estas victorias legales dan la razón al Ayuntamiento y reconocen lo que siempre ha defendido, que la desocupación injustificada de las viviendas constituye un claro incumplimiento de la finalidad del inmueble y, por lo tanto, de su función social. Al mismo tiempo, suponen un paso adelante muy importante para las personas que reclaman el derecho a una vivienda digna y anima a todos aquellos ayuntamientos que decidan seguir el ejemplo de Terrassa y emprender estas acciones legales.

El Ayuntamiento de Terrassa ha sido el primero en todo el Estado a interponer expedientes a los bancos con viviendas vacías y a imponer multas coercitivas (la primera, en diciembre de 2013) para forzarlos a ocuparlas o a cederlas como vivienda social. Actualmente, el consistorio tiene 802 expedientes abiertos a varias entidades en aplicación de la Ley de la Vivienda de Cataluña. Además del contencioso al que hace referencia la última sentencia, hay 56 más en curso por parte de las entidades bancarias sancionadas. Se espera que las respectivas resoluciones de estos, que están en manso de varios juzgados de Barcelona, lleguen a lo largo de los próximos meses.