El Ayuntamiento de Terrassa, a través de los Servicios de Políticas Sociales de Vivienda y OFIMEH-LL, ha cerrado durante 2024 un total de 935 expedientes de intermediación por riesgo de pérdida de vivienda. De éstos, la mayoría se han resuelto evitando la pérdida del hogar (30%) o facilitando una alternativa habitacional (23%). Tan sólo un 7% de los casos, lo que supone 67 expedientes, han concluido con una pérdida sin alternativa por no reunir los requisitos establecidos en la normativa. El resto de expedientes consistían en desistimientos, asesoramientos, duplicados, u otras causas que no suponían la pérdida de la vivienda.

Por otra parte, las cifras muestran una tendencia descendente en cuanto al número total de expedientes de lanzamientos: de 1.122 en 2022 y 931 en 2023, se ha pasado a 817 este pasado 2024. Así, los datos ponen de relieve el esfuerzo municipal y de los servicios sociales para contener el tercer sector y plataformas sociales, lograron disminuir el número de lanzamientos, ya que de los 817 lanzamientos señalados, sólo se acabaron ejecutado 107 durante el año pasado.

Para la concejala de Políticas Sociales de Vivienda y Promoción Pública de Vivienda, Lluïsa Melgares: "Los datos de 2024 muestran claramente que el acompañamiento social funciona. Hemos conseguido que más de la mitad de los casos no terminen en una pérdida de vivienda irreversible, y esto es fruto de un trabajo intenso, que requiere de compromiso y coordinación. de emergencia, el alojamiento temporal, el asesoramiento jurídico, etc. para garantizar que nadie quede atrás".

De los 107 lanzamientos ejecutados, que han afectado a 109 personas, se han gestionado 26 expedientes de acogida temporal en hostal y 3 expedientes de acogida temporal en la Andana. El resto, han sido acogidos en viviendas de familiares, propias u otras situaciones no determinadas. 35 de los expedientes por lanzamiento han resultado no defendibles.

Según Melgares: «Necesitamos que las administraciones supramunicipales apliquen equilibrios territoriales, que nos doten de mayores recursos y herramientas. También es necesario que el Gobierno central obligue a la SAREB a entregar las viviendas, rescatadas por la ciudadanía, a los consistorios para que podamos hacer crecer la bolsa de vivienda social». Para la concejala: «los datos de 2024 reflejan un modelo de intervención proactivo, que prioriza la prevención, la coordinación con entidades sociales y la protección de las familias vulnerables ante situaciones límite; pero estamos en un momento complicado, la vivienda es un tema crítico en todo el país y los ayuntamientos a menudo nos encontramos solos».