En esta resolución, el TSJC reafirma que la totalidad de la red de distribución ha revertido correctamente al Ayuntamiento y, por tanto, es totalmente pública, y también da la razón a la segregación de las fincas que se llevó a Pleno.

Sin embargo, estima parcialmente un apartado del recurso que hace referencia a unos supuestos clientes privados que Mina afirma que tenía y que no deberían revertir, a pesar de que el propio tribunal, en el escrito de la sentencia, afirma que estos clientes no han sido nunca acreditados ni justificados documentalmente por parte de Mina, e indica que, para dar cumplimiento a la misma, deberá identificarlos mediante la presentación de cada uno de los contratos y facturas emitidas durante la supuesta prestación del servicio privado en el periodo de la concesión.

En relación con los 20 millones de euros que Mina ha señalado como posible compensación económica a cargo del Ayuntamiento, se trata de una estimación realizada unilateralmente por la empresa y dicha cantidad no consta en ningún momento en la sentencia.

En cualquier caso, el Ayuntamiento subraya que la resolución del TSJC no compromete ni las inversiones previstas por TAIGUA ni su normal funcionamiento.