El reconocimiento del derecho a la vivienda como derecho constitucional está vinculado al hecho de que se le considere una necesidad básica imprescindible para vivir con seguridad y dignidad. Este derecho se vincula a otros como el derecho a la integridad física y moral, a la intimidad o a la libertad de residencia.
 
La actual realidad socioeconómica hace que muchas familias tengan dificultades para poder garantizar este derecho. Los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de medidas para garantizarlo, en las condiciones que determina la legislación vigente.