Ante la aprobación del Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, que ha entrado en vigor el pasado 31 de diciembre de 2019, desde el Gobierno Municipal se considera de extrema urgencia dar cumplimiento a una de las disposiciones de este decreto, concretamente la que especifica la obligación a grandes tenedores de ofrecer un alquiler social a las personas en situación de vulnerabilidad. La teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad, y concejal de Vivienda Social, Lluïsa Melgares considera que "con la entrada en vigor del nuevo decreto, tenemos que unir esfuerzos entre todos los actores implicados, para dar cumplimiento a esta obligación, tanto con la parada de todos los desahucios y lanzamientos previstos, como para informar a toda la ciudadanía que puede estar afectada de esta novedad", explica la edil.

En este sentido, desde el Gobierno Municipal ya se ha hecho llegar una carta al Colegio de Abogados de Terrassa, a la Comisión de Turno de Oficio y a la Comisión de Vivienda y Ejecución Hipotecaria, así como al de Procuradores, para que hagan difusión a todos y todas sus colegiados y colegiadas de esta novedad, a fin de que se puedan ejercer los derechos de sus defendidos, promoviendo que se les ofrezca un alquiler social. "De este modo -para Melgares- conseguiremos evitar sufrimientos, nuevos señalamientos y a la vez conseguir la regulación de centenares de casos con familias afectadas y evitar la pérdida de la vivienda".

La obligación de ofrecer un alquiler social a que hace referencia lel decreto es de aplicación también en el caso que los procedimientos judiciales correspondientes se hayan iniciado antes de la entrada en vigor de este o que estén todavía en tramitación.

A fin de que el máximo de ciudadanía posible esté informada de estas novedades que presenta el Decreto Ley, desde el Ayuntamiento se prevé organizar próximamente reuniones informativas para la ciudadanía inmersa en estos casos. «En Terrassa, hay desahucios, y desde el Ayuntamiento los que nos llegan los gestionamos tanto con los juzgados, el colegio de procuradores, el de abogados, así como con la participación de la PAH y el Colectivo Sin Vivienda. No obstante, también sabemos que muchos otros se realizan en silencio, y es en estos casos, donde tenemos que trabajar también para conseguir hacer llegar la información y que, quién lo necesite y cumpla los requerimientos, pueda exigir el alquiler social», concluye Melgares.

Herramienta estratégica

Desde el pasado día 2 de enero, está en vigor lo Decreto Ley 27/2019, Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, con el objetivo que se convierta en una herramienta estratégica para regular el mercado de la vivienda y hacerlo más accesible, mejorando la oferta y adaptándola a las necesidades de las personas. Concretamente, la norma persigue un triple objetivo: combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios de los alquileres en viviendas privadas.